Buenos Aires, 5 agosto (NA) – El gobierno de Sergio Ziliotto se negó a entregar el contrato que regula las apuestas online de Casino Club en La Pampa con el argumento de que su difusión podría perjudicar los intereses y las ganancias de la empresa concesionaria.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la negativa de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social fue llevada este 4 de agosto ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, mientras datos del propio organismo muestran que los pampeanos apostaron casi $4.200 millones sólo durante abril.
La presentación fue realizada por Julián Angelucci, referente de Avanzar Juntos–Coalición Cívica, quien había solicitado el contrato vigente y los resultados completos de la explotación digital. DAFAS rechazó el acceso a esa documentación alegando que podía comprometer información comercial de Casino Club.
El episodio no se limita a una discusión abstracta sobre publicidad administrativa: se trata de una concesión estatal que, al ritmo registrado en abril, podría movilizar alrededor de $50.000 millones durante 2026 y que produce ingresos distribuidos entre áreas provinciales y municipios.
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La reserva impide conocer las obligaciones completas asumidas por la compañía, el método con el que se calcula el canon variable, la rentabilidad declarada, los controles de auditoría y las condiciones de prevención de la ludopatía incluidas en el acuerdo.
Casino Club paga desde hace años un canon fijo expresado en dólares y otro componente asociado al resultado del juego online: la provincia publica resoluciones con cifras agregadas, pero esos estados de resultados no reemplazan el contrato que define derechos, sanciones, plazos, controles y mecanismos de revisión.
El argumento oficial invierte la prioridad institucional: ante una solicitud sobre un negocio concesionado por el Estado, DAFAS colocó la protección económica del operador privado por encima del derecho ciudadano a examinar las condiciones bajo las cuales explota el juego.
El impacto social también está medido por organismos pampeanos: el Observatorio Provincial de Drogas relevó a 3.341 estudiantes de 38 escuelas durante 2026 y advirtió sobre el crecimiento de las apuestas entre adolescentes como uno de los nuevos consumos problemáticos.
El 20 por ciento de los estudiantes secundarios que apostó dinero online al menos una vez durante el último año puso en foco una discusión que va más allá de la anécdota: la magnitud del negocio del juego oficial exige herramientas preventivas proporcionales y auditables.
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La existencia de una plataforma legal no elimina el riesgo de acceso de menores ni de conductas compulsivas. Por eso, no es un mero dato corporativo cuánto invierte el operador en controles de edad, alertas, límites de depósito, autoexclusión y campañas preventivas; forma parte del interés público y debe ser evaluable, no un secreto comercial ordinario.
La presentación ante la Fiscalía no prueba una irregularidad penal ni determina que Casino Club haya incumplido el convenio. Pero está acreditado que un organismo del Estado provincial negó el documento y que la controversia ya pasó a una instancia formal de control administrativo: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas recibirá el pedido de acceso y deberá resolver si procede.
Ziliotto no puede desligar esa decisión de su gestión. DAFAS integra el Instituto de Seguridad Social provincial y administra el juego oficial bajo reglas fijadas por el Estado, por lo que la rendición sobre una concesión multimillonaria corresponde al Poder Ejecutivo y no al lucro reservado de un concesionario.
El trámite tendrá dos cuestiones clave: la Fiscalía deberá definir si hay partes legítimamente confidenciales del convenio que merezcan reserva y, en caso negativo, establecerá el alcance de la publicidad necesaria para garantizar control social sin poner en riesgo datos personales o estratégicos de seguridad.
Mientras el contrato siga cerrado, la Provincia podrá informar cuánto se apuesta y cuánto recauda, pero no permitirá verificar si el negocio se controla con las obligaciones económicas y sociales que una actividad de este volumen exige. Esa verificación es la que reclama la sociedad: transparencia sobre mecanismos preventivos y medidas que reduzcan el acceso de menores y la proliferación de juego problemático.
Agencia NA
